Seguramente has oído hablar de las estrictas leyes que rigen la seguridad en Estados Unidos y conocerás las displicencias que en algún momento resultan en México, y es que la seguridad informática resulta sumamente importante para los países hoy en día, debido al incremento en el uso de los medios electrónicos para realizar tanto negocios lícitos como ilícitos.
Y es que Estados Unidos para disuadir y castigar los actos terroristas, y para mejorar las herramientas de investigación de las fuerzas del orden, promulgó y aprobó el 11 de septiembre de 2001, La Ley Patriota, para poder contrarrestar y obstruir los ataques terroristas, ampliando significativamente los poderes de búsqueda y vigilancia de las agencias federales de inteligencia y aplicación de la ley.
La Ley realizó numerosos cambios a los estatutos existentes relacionados con la privacidad de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, el funcionamiento del corte de vigilancia de inteligencia extranjera, lavado de dinero, inmigración y otras áreas.
En cuanto a la historia, a raíz de los ataques del 11 de septiembre, la administración Bush presentó al Congreso un proyecto de ley diseñado para ampliar los poderes del gobierno para vigilar, investigar y detener a presuntos terroristas.
Algunas disposiciones clave de la legislación consistían en enmiendas a la Ley de escuchas telefónicas, que habían prohibido el espionaje por parte del gobierno en comunicaciones privadas cara a cara, telefónicas y electrónicas, excepto según lo autorizado por orden judicial en sentido estricto circunstancias definidas en casos de delitos graves como delitos informáticos y terroristas.
Para facilitar la cooperación entre las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia en casos que involucren terrorismo, la ley permitió a los abogados del gobierno revelar asuntos ante un gran jurado federal (cuyas investigaciones son generalmente secretas) a “cualquier agente de la ley federal, inteligencia, protección, inmigración, defensa nacional o seguridad nacional” cuando tales asuntos se referían a “inteligencia extranjera o contrainteligencia”. Autorizó las llamadas búsquedas” furtivas”, en las que la notificación del objetivo se retrasa hasta después de que se haya ejecutado la búsqueda.
Eliminó el requisito de que el gobierno certifique en sus solicitudes para la autoridad de vigilancia que “el” propósito de la vigilancia era recopilar información de inteligencia extranjera. En cambio, fue suficiente que el gobierno declarara que recopilar dicha información era “un propósito significativo”.
En otros cambios, eliminó una disposición de FISA que limitaba los tipos de registros que el gobierno, con una orden judicial de FISA, podría requerir ciertos negocios para producir, reemplazándolo con una autoridad general para exigir “cualquier tangible cosa “de cualquier tercero, incluidos” libros, registros, documentos, documentos y otros artículos “.
Esta sección también impuso una orden de mordaza que generalmente prohibía a terceros revelar el hecho de que el La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) había buscado u obtenido tales cosas.
En otros títulos, la Ley aumentó los poderes del Secretario del Tesoro para combatir el lavado de dinero; triplicó el número de personal de la patrulla fronteriza, el servicio de aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) a lo largo de la frontera norte de los Estados Unidos; estableció nuevos motivos relacionados con el terrorismo para detener o deportar a ciudadanos extranjeros o negarles la admisión a los Estados Unidos; amplió la definición de “apoyo material” para las organizaciones terroristas para incluir “asesoramiento o asistencia de expertos”; y creó nuevos crímenes terroristas, incluido el ataque a un sistema de transporte público.
En México no es descabellado pensar que se requiere una Ley de tal profundidad cuando observamos que el contenido de los medios de comunicación consta hechos de sangre que se multiplican en todo México y algunos en materia de fraudes a través de redes sociales o utilizando las herramientas de Tecnología de la Información.
Esta angustia y situación nacional actual debe verse aliviada ante la creciente ola de crímenes físicos y cibernéticos, por tal motivo podemos dejar en el tintero la simple idea contar con una versión tropicalizada de la Ley Patriota, donde a cambio de sacrificar libertades y restringir el uso de la información se tenga un poco de seguridad en el País.
